Por Manuel Férez
Publicado originalmente en https://substack.com/home/post/p-219878926
En un enfrentamiento global en torno al derecho humano fundamental a la libertad de expresión, Pillay optó por los Estados autoritarios y los extremistas religiosos frente a las democracias y a los librepensadores, periodistas y minorías religiosas, incluidos los musulmanes, que se encuentran bajo asedio.
Jacob Mchangama
La defensa de los derechos humanos pierde consistencia cuando la libertad de expresión cede ante las amenazas, la diplomacia desdibuja la responsabilidad del agresor o las instituciones internacionales no protegen adecuadamente a quienes denuncian abusos.
La concesión del Premio Nobel de la Paz de 2026 a Navi Pillay invita a examinar una cuestión incómoda: ¿hasta qué punto quienes representan internacionalmente los derechos humanos mantienen sus principios cuando estos entran en conflicto con sensibilidades religiosas, intereses diplomáticos o relaciones con grandes potencias? Varias controversias de su trayectoria permiten plantear esa pregunta: sus declaraciones sobre las caricaturas de Mahoma y Charlie Hebdo, su lenguaje durante la invasión rusa a Ucrania de 2014, las denuncias sobre la entrega de información de activistas a las autoridades chinas y un patrón más amplio de selectividad en la denuncia de abusos.
Abogada de origen tamil nacida durante el apartheid, Pillay defendió a presos políticos y ocupó puestos destacados en la justicia internacional. Su trabajo en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda contribuyó al reconocimiento de la violencia sexual como instrumento de genocidio. Como Alta Comisionada de Naciones Unidas entre 2008 y 2014 desempeñó un papel relevante en la denuncia de violaciones de derechos humanos. Estos antecedentes merecen reconocimiento, sin embargo, una trayectoria valiosa no convierte todas las decisiones posteriores en ejemplos irreprochables. El problema no consiste en atribuirle una misma intención en episodios diferentes, sino en examinar qué ocurre cuando la defensa de principios universales entra en tensión con otras prioridades. La moderación diplomática y el respeto por las sensibilidades religiosas pueden ser objetivos legítimos; ninguno debería servir para diluir obligaciones fundamentales.
Cuando la libertad de expresión se vuelve irresponsable
La controversia sobre las caricaturas de Mahoma comenzó en 2005, cuando el diario danés Jyllands-Posten publicó doce imágenes del profeta. La polémica se intensificó en 2008 con su republicación. Ese mismo año un coche bomba estalló frente a la embajada de Dinamarca en Islamabad. Según el entonces ministro danés de Exteriores, Per Stig Møller, quien buscó el respaldo de la Alta Comisionada, Pillay no defendió la libertad de expresión, sino que recomendó introducir restricciones o censura para evitar que se repitieran episodios semejantes. Esta afirmación, recuperada tras el anuncio del Nobel, es un testimonio personal aún no desmentido por documentación oficial, pero ilustra con claridad la postura que adoptó.
Más directamente comprobables son sus declaraciones de septiembre de 2012, cuando Charlie Hebdo publicó nuevas caricaturas en medio de protestas internacionales contra una película estadounidense antimusulmana. La violencia asociada incluyó asesinatos en Bengasi. Pillay condenó los crímenes y defendió el derecho a manifestarse pacíficamente, pero calificó las caricaturas de «maliciosas y deliberadamente provocadoras». Afirmó que la revista había actuado de manera «doblemente irresponsable» y sostuvo que ese tipo de provocaciones debía ser privado del «oxígeno de la publicidad».
El problema no radica en que una alta comisionada considere ofensiva una publicación, la libertad de expresión no obliga a celebrar toda provocación, la dificultad aparece cuando una autoridad internacional atribuye una responsabilidad especial a quienes ejercen una libertad legal porque otras personas amenazan con responder violentamente. Criticar una religión, ridiculizar sus creencias e incitar a la violencia son conductas diferentes. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege la libertad de expresión; el artículo 20 exige prohibir la apología del odio que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Proteger a los creyentes no equivale a garantizar que sus convicciones queden al margen de la crítica.
Las leyes contra la blasfemia han servido en distintos países musulmanes para perseguir a disidentes, periodistas y minorías religiosas, incluidos musulmanes que cuestionan interpretaciones dominantes. Cuando la intimidación consigue modificar los límites de lo que puede publicarse, quienes están dispuestos a ejercer violencia adquieren un poder de veto sobre el debate público. Una defensora de los derechos humanos debería ser especialmente cuidadosa para no contribuir a esa dinámica.
Este mismo patrón se observó en otros contextos. En 2009, durante la conferencia Durban II, Pillay permaneció sentada mientras Mahmoud Ahmadinejad pronunciaba un discurso de fuerte contenido antisionista, mientras varias delegaciones occidentales abandonaban la sala. Posteriormente condenó las palabras del dirigente iraní y admitió haber sido «ingenua» respecto a él. En 2010 declinó asistir a la ceremonia del Nobel otorgado al disidente chino encarcelado Liu Xiaobo, alegando un conflicto de agenda de bajo nivel en Ginebra, en un momento en que Pekín presionaba para el boicot. En 2022 defendió a su colega Miloon Kothari cuando este invocó el tropo antisemita de un «lobby judío» que controlaba las redes sociales y cuestionó la pertenencia de Israel a las Naciones Unidas. Kothari acabó disculpándose; Pillay sostuvo que sus palabras habían sido sacadas de contexto.
Ucrania: la equidistancia que desdibuja la agresión
En febrero de 2014 Rusia desplegó en Crimea a militares sin insignias identificativas, los little green men. La operación desembocó en la ocupación y anexión ilegal de la península. No se trataba de una disputa interna ucraniana, sino de una intervención extranjera que vulneró la soberanía de Ucrania.
En su declaración del 6 de mayo de 2014, Pillay expresó preocupación por el aumento de la violencia y pidió un mayor esfuerzo «a todas las partes» para alcanzar una solución pacífica. Exigió a los grupos armados que abandonaran edificios públicos, liberaran a detenidos arbitrariamente y depusieran las armas. Al mismo tiempo recordó al Gobierno ucraniano su obligación de respetar las normas internacionales, proteger los derechos de la población rusoparlante e investigar las muertes ocurridas, incluida la tragedia de Odesa.
Varias de esas exigencias eran legítimas. La agresión extranjera no exime a un Gobierno de sus obligaciones en materia de derechos humanos. La crítica debe situarse en otro nivel: su declaración se concentró en la escalada de violencia sin destacar suficientemente las diferencias entre las posiciones de las partes. La fórmula diplomática de “todas las partes” puede ser apropiada para reclamar desescalada inmediata, pero resulta insuficiente si termina ocultando quién intervino militarmente en territorio ajeno y quién sufrió la vulneración de su soberanía.
La equidistancia retórica puede producir una falsa equivalencia incluso sin intención explícita de favorecer a una de las partes. Exigir a Kyiv que respete los derechos humanos es compatible con reconocer la responsabilidad rusa por la intervención y la anexión, ambas obligaciones deben mantenerse, pero no son intercambiables. En un contexto en que Moscú buscaba presentar la crisis como un conflicto interno, identificar con claridad la dimensión internacional de la intervención era especialmente importante.
China: cuando la institución encargada de proteger expone a quienes denuncia
Emma Reilly, antigua funcionaria de la Oficina del Alto Comisionado y denunciante de irregularidades, sostuvo que personal de Naciones Unidas había proporcionado a las autoridades chinas información sobre defensores de derechos humanos que tenían previsto participar en reuniones internacionales. Según su denuncia, se compartieron nombres de activistas sin su consentimiento, lo que podía permitir a las autoridades identificarlos y presionar a ellos o a sus familiares. En abril de 2024 la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes británica publicó documentación presentada por Reilly en el marco de una investigación parlamentaria.
La Oficina sostuvo públicamente que las confirmaciones de información se habían realizado en circunstancias limitadas y que la práctica se había suspendido en 2015. Las denuncias posteriores de Reilly cuestionaron el alcance de esa explicación. Conviene separar tres cuestiones: si se transmitió información; qué riesgos afrontaron las personas afectadas; y quiénes conocieron o supervisaron las decisiones. La documentación pública justifica examinar críticamente los procedimientos de la institución, pero no permite atribuir automáticamente a Pillay una orden personal de entregar nombres.
Esta cautela no disminuye la gravedad potencial de los hechos. Una oficina internacional de derechos humanos debe proteger a quienes denuncian abusos, no facilitar información que pueda exponerlos a intimidación o represalias. Cuando el interlocutor es un Gobierno con capacidad para perseguir a disidentes, la confidencialidad forma parte de la obligación de protección. El contexto chino, con denuncias de persecución contra uigures, tibetanos y otros críticos, hace todavía más importante esa responsabilidad.
Un patrón de selectividad
Un estudio de UN Watch sobre los dos primeros años de Pillay como Alta Comisionada (2008-2010) reveló un silencio público significativo sobre abusos graves en dictaduras como Cuba, Corea del Norte, Eritrea, Arabia Saudí, Sudán y Bielorrusia, mientras que las declaraciones sobre Oriente Medio se concentraban de forma desproporcionada en Israel. Este desequilibrio no prueba por sí solo una intención deliberada, pero sí plantea interrogantes sobre la coherencia con la que se aplicaron los principios universales de los que la Oficina debía ser garante.
El Nobel no exime de rendir cuentas
Las controversias examinadas revelan tensiones distintas entre los principios universales y las decisiones adoptadas en su nombre. En el caso de las caricaturas y Charlie Hebdo, la cuestión es que el lenguaje de una autoridad internacional termina desplazando la responsabilidad desde quienes ejercen violencia hacia quienes publican expresiones ofensivas. En Ucrania, el problema es que el énfasis diplomático en la responsabilidad de todas las partes no distingue suficientemente entre una intervención militar extranjera y las obligaciones del Estado cuya soberanía ha sido vulnerada. En China, el interrogante es cómo una institución creada para proteger a los defensores de derechos humanos pudo mantener procedimientos denunciados como potencialmente peligrosos para ellos. Y en el conjunto de su mandato, la selectividad en la denuncia de abusos sugiere que no todos los regímenes autoritarios recibieron el mismo grado de escrutinio.
Estos episodios justifican una evaluación crítica de las declaraciones y de la gestión institucional desarrollada durante el mandato de Pillay. Reconocer su contribución a la justicia internacional no obliga a aceptar sin reservas todas sus posiciones.
La defensa de los derechos humanos pierde consistencia cuando la libertad de expresión se considera prescindible ante las amenazas, cuando el lenguaje diplomático desdibuja la diferencia entre agresor y agredido o cuando la cooperación con un Gobierno puede poner en riesgo a quienes denuncian sus abusos. No basta con proclamar principios universales: es necesario aplicarlos precisamente cuando su defensa genera incomodidad política o diplomática.
El Premio Nobel de la Paz no convierte a sus destinatarios en figuras inmunes a la crítica, al contrario, aumenta el interés público por examinar la coherencia entre sus principios declarados y sus decisiones. La discusión sobre Pillay exige una evaluación rigurosa de las tensiones entre la defensa de los derechos humanos, la moderación diplomática y la responsabilidad institucional.
La universalidad de esos derechos se demuestra, sobre todo, cuando protegerlos resulta incómodo. Ese es el criterio con el que también deben evaluarse quienes han dedicado su trayectoria a defenderlos.
Referencias documentales
- Declaraciones de Pillay sobre las caricaturas: rueda de prensa de Naciones Unidas del 21 de septiembre de 2012 y comunicado del portavoz de la Oficina del Alto Comisionado. (ONU Press)
- Ucrania, 6 de mayo de 2014: declaración oficial de la Oficina del Alto Comisionado sobre la escalada de violencia. (ecoi.net)
- China y Emma Reilly: documentación presentada ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes británica en abril de 2024. (Comités del Parlamento del Reino Unido)