El pueblo iraní se encuentra atrapado entre una severa represión interna y poderes externos que explotan su sufrimiento.
Por Sina Toossi. Investigador principal no residente del Centro de Política Internacional. Escribe sobre las relaciones entre Estados Unidos e Irán, la política y la sociedad iraníes, y la no proliferación nuclear. Su trabajo ha aparecido en Foreign Affairs, Foreign Policy, The Guardian y Al Jazeera English, entre otros medios. Su Twitter es @SinaToossi.
Publicado originalmente por The Nation https://www.thenation.com/article/world/iran-protests-violence-repression-israel/# y reproducido aquí con autorización explícita.
Un manifestante sostiene retratos tachados del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una manifestación cerca de la embajada de Irán en Bagdad el 16 de enero de 2026.
(Ahmad Al-Rubaye / AFP vía Getty Images)
En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad de la República Islámica han respondido a las protestas masivas con munición real, detenciones masivas, ejecuciones y un apagón casi total de Internet. Hasta el 15 de enero, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, una reconocida organización iraní de derechos humanos, había documentado al menos 2615 muertes, de las cuales 2435 eran manifestantes, así como 153 bajas de miembros de las fuerzas de seguridad. También se habían producido al menos 18 470 arrestos en todo el país, y se estaban investigando cientos de muertes adicionales.
Esta violencia no es incidental ni episódica. Refleja un enfoque gubernamental que trata sistemáticamente la disidencia masiva como una amenaza para la seguridad que debe ser reprimida, en lugar de una demanda política que debe atenderse.
Esta brutalidad debe denunciarse con franqueza y sin evasivas, sin justificarla ni minimizarla. Durante décadas, la República Islámica no ha conseguido la inclusión política, la seguridad económica ni los derechos sociales que amplios segmentos de su población llevan tiempo reclamando. Aunque el sistema tiene instituciones y corrientes en conflicto, su respuesta principal a la disidencia persistente ha sido la criminalización, la limitación de la representación pluralista y el uso sistemático de la coerción para gestionar las quejas en lugar de abordar sus causas. Los manifestantes que hoy llenan las calles de Irán no son agentes extranjeros. Son ciudadanos que han agotado las vías electorales, institucionales y reformistas, y que ahora arriesgan sus vidas para exigir un cambio.
Sin embargo, el pueblo iraní no solo está siendo aplastado desde dentro. También está siendo explotado desde fuera.
Mientras las fuerzas de seguridad disparaban contra los manifestantes, Donald Trump advirtió públicamente que, si Irán mataba a manifestantes, Estados Unidos estaba listo para intervenir militarmente. Días después, fue aún más lejos, instando a los iraníes a que siguieran protestando, a que tomaran el control de las instituciones estatales y prometiendo que «la ayuda está de camino». Sin embargo, poco después, dio un giro de 180 grados y afirmó que los asesinatos habían cesado, haciendo suya la versión del Gobierno iraní de que los manifestantes atacaban a las fuerzas de seguridad y de que estas respondían con fuerza letal.
Nada de esto debería sorprender a nadie familiarizado con Trump o con la larga trayectoria de la política exterior estadounidense. Los cambios bruscos de amenazas a estímulos para la retirada reflejan un patrón recurrente, no un lapsus momentáneo, en el que las vidas iraníes se tratan como instrumentos prescindibles y como un medio para un fin. Nunca hubo una intención seria de proteger a los manifestantes ni de apoyar su capacidad política. Los están utilizando como instrumentos en una contienda geopolítica, de maneras que le dan al Estado iraní exactamente lo que necesita para justificar la violencia y desacreditar la disidencia.
De hecho, para Washington y para Israel, Irán nunca ha sido un problema de derechos humanos. Lo que impulsa las políticas de ambos países no es la indignación por la represión, sino la hostilidad hacia un Estado adversario que se resiste a su dominio regional, busca desarrollar capacidades nucleares y de misiles y desafía el poder de Israel. Trump lo deja claro descaradamente. A él no le preocupa cómo se gobierna a los iraníes, sino cómo revocar las políticas iraníes que limitan la libertad de acción de Estados Unidos e Israel.
Este patrón no es nuevo. La continua destrucción de Gaza por parte de Israel ha contado con el respaldo político, militar y diplomático incondicional de Estados Unidos. La masacre de más de mil manifestantes en la plaza Rabaa de El Cairo en 2013 tampoco hizo que Washington dejara de apoyar a Abdel Fattah el-Sisi. Estos ejemplos no son casos aislados, sino rasgos recurrentes de la política exterior estadounidense. Frente a este historial, afirmar que Estados Unidos ha descubierto repentinamente una preocupación de principios por las vidas de los iraníes no solo es inverosímil, sino también un insulto a la inteligencia. Es un insulto a la inteligencia de cualquiera que preste atención.
Sugerir que Trump o Benjamin Netanyahu sienten un amor más profundo por el pueblo iraní que por sus propios ciudadanos, cuando rutinariamente ignoran o reprimen la disidencia en su país, es absurdo.
Esta instrumentalización agrava una realidad de por sí devastadora. La política estadounidense no solo ha fracasado a la hora de apoyar el cambio democrático en Irán, sino que también ha socavado activamente las bases sociales necesarias para ello.
Durante décadas, las sanciones y la guerra económica han sido herramientas centrales de la estrategia estadounidense. Sus objetivos declarados han cambiado con el tiempo, desde modificar comportamientos específicos hasta ejercer una presión más amplia sobre el sistema. En la práctica, sin embargo, sus efectos han sido sorprendentemente consistentes. Han impuesto los mayores costes a la población iraní, mientras que han fortalecido desproporcionadamente a actores vinculados al Estado y al sector de la seguridad, que están protegidos de las dificultades económicas.
Los datos son inequívocos. Tras el impacto de las sanciones de 2012 y, de nuevo, tras la imposición de la «máxima presión» en 2018, la clase media iraní se vino abajo. En menos de una década, aproximadamente 9 millones de personas abandonaron dicha clase. La pobreza aumentó considerablemente. La inflación se disparó. Los salarios reales disminuyeron. El «índice de miseria» se disparó.
Esta no fue una consecuencia imprevista. Era el objetivo.
Históricamente, la clase media ha sido la columna vertebral del cambio político sostenido y pacífico en Irán. Ha proporcionado profesionales, educadores, emprendedores, estudiantes y actores de la sociedad civil capaces de ejercer una presión continua para el cambio. A medida que las sanciones destruyeron la seguridad económica, la supervivencia reemplazó a la política. Las protestas se volvieron más explosivas y desesperadas, pero también más difíciles de mantener.
Esto no es exclusivo de Irán. Un amplio conjunto de investigaciones sobre economía política muestra que, cuando la clase media es numerosa y goza de estabilidad económica, puede consolidar coaliciones reformistas y obligar a las élites arraigadas a hacer concesiones. En Irán, la expansión de este estrato en las décadas de 1990 y 2000 contribuyó a consolidar las victorias electorales reformistas y proporcionó un apoyo social y organizativo crucial a los movimientos de masas, desde el Movimiento Verde de 2009 hasta el movimiento Mujeres, Vida, Libertad de 2022.
Sin embargo, las sanciones desmantelaron sistemáticamente esa base social. A medida que se derrumbaba la seguridad económica, los hogares perdían la capacidad de participar de forma sostenida en la vida cívica y se veían abocados a la supervivencia diaria. La protesta no ha desaparecido, obviamente, pero se ha vuelto más volátil y desesperada, estallando en brotes esporádicos en lugar de construir una organización duradera. Este patrón está bien documentado en las sociedades sancionadas. Cuando la clase media se contrae, la acción colectiva se vuelve más arriesgada y difícil de sostener, mientras que los actores vinculados a la seguridad consolidan el poder.
La economía iraní actual tiene una capacidad limitada para absorber nuevas crisis. El Estado ha mantenido sus funciones básicas mediante subsidios, recortes salariales y canales comerciales alternativos, pero a un alto coste social. Millones de personas viven ahora al filo del abismo. Es poco probable que una mayor presión produzca una transformación política ordenada. Es mucho más probable que se genere caos, una represión más severa o una guerra.
Y precisamente la guerra es lo que amenaza la retórica de Trump.
Al amenazar con la guerra e instar a los iraníes a intensificar la situación, Washington no está fomentando el cambio democrático, sino distorsionándolo. La presión militar externa no resolverá las crisis internas, sino que las distorsionará. Convierte las complejas luchas sociales en una confrontación militar o de seguridad, desplaza la influencia hacia las instituciones armadas y reinterpreta la disidencia como traición. En este contexto, los regímenes sobreviven no reformándose, sino movilizando el miedo y la reacción nacionalista. La República Islámica ha recurrido repetidamente a esta lógica para recuperar el control. Trump no la está cuestionando. La está reforzando.
El pueblo iraní se halla, por tanto, atrapado entre una fuerte represión interna y poderes externos que se aprovechan de su sufrimiento. Eso no es solidaridad. Es depredación.
Oponerse a la guerra no implica indiferencia moral ante la represión. Es negarse a aceptar la ficción de que las sociedades pueden alcanzar la paz, la dignidad y el autogobierno democrático mediante la devastación. Las bombas no generan rendición de cuentas y los gobiernos que durante mucho tiempo han saboteado la posibilidad democrática no pueden promoverla con credibilidad en el exterior. La reconciliación política de Irán se forjará dentro de su propia sociedad, a través de cambios controvertidos en el poder, la legitimidad y el consenso. La fuerza externa puede interrumpir ese proceso, pero no puede llevarlo a cabo sin corromper su resultado.
El pueblo iraní no es una moneda de cambio ni una táctica de presión, y su sufrimiento no debe invocarse como justificación humanitaria para una guerra que, en última instancia, recaería con mayor dureza sobre él, como ha ocurrido en Libia, Irak, Afganistán y en muchos otros casos.